Dos sapos de otro pozo

Por Carlos Salvador La Rosa

(Reproducido con autorización)

El acto de Maipú fue una fiesta peronista bien clásica, con gente que quería cantar la marchita, vivar a Perón y Evita y decir que el que no salta es un radical. Cada intendente justicialista estaba con su barra, las cuales se toreaban unas a otras con cánticos alegres e inofensivos, mientras los jefes municipales incentivaban ese fervor militante.

Vale decir, la casa estaba en orden hasta que llegaron los dos sapos de otro pozo: el presidente Kirchner junto al gobernador Cobos a romper -queriéndolo o no- el carácter democrático de la reunión justicialista donde todos, dirigentes y dirigidos, se sentían iguales entre sí.

Desencajados. ¿Como encaja un gobernador radical en un acto peronista hasta los tuétanos, puramente político y cero institucional?, sería la primera pregunta. Y la segunda: ¿cómo encaja un monarca hegemónico disfrazado de presidente constitucional en una provincia institucionalmente igualitaria como Mendoza?

Pues bien, ayer ni uno ni otro encajaron, o al menos lograron generar un acto político horrendo, surrealista, delirante. Y en lo que nada tuvo que ver la gente, que gritaba feliz sus partidismos, sino la imposible escena que le armaron sus jefes.

Penosos. Daba pena ver al intendente anfitrión, Adolfo Bermejo, agradecerle una y otra vez al Presidente por lo maravilloso que era, mientras que el Supremo firmaba papeles y hablaba con sus secretarios sin oír palabra del hombre que lo veneraba.

Daba pena ver a sumisos locutores gritar efusivamente las mismas promesas de los mismos miles de millones de pesos que Kirchner venía a “reinaugurar” por enésima vez a Mendoza como regalo gracioso de su majestad.

Daba pena ver al gobernador Cobos vituperado por todos los presentes de a pie, mientras tibias y estériles manos de desaprobación eran agitadas por Kirchner.

Daba pena ver a los peronistas ubicados en el escenario saltar eufóricos de sus sillas cuando Kirchner les dijo finalmente que sí, que los iba a apoyar a ellos y no a Cobos. Como reafirmando la presunción de que esos dirigentes solos no son nada.

Esquizofrenias. Apenas empezó a hablar el Presidente, en su primera frase mostró la esquizofrenia reinante en el acto: “Hoy vine con toda la intención de que no nos silbemos entre argentinos, sino que nos abracemos para construir la Patria entre todos”. Frase aplaudida de modo infinito por los mismos miles que instantes antes habían silbado de modo infinito a Cobos y que lo continuarían silbando las dos o tres veces que Kirchner recordara su nombre. O sea, al Presidente lo aplaudían dijera lo que dijese, pero no por aplaudirlo le iban a hacer caso.

Por su parte, y aquí ya no con la espontaneidad de los militantes sino con la hipocresía de los interesados, los dirigentes que estaban en el palco -peronistas o radicales- también querían aplaudir al Presidente dijera lo que dijese, pero no porque piensen como él, sino porque les conviene inclinar la cabeza, sabedores de que el ganador será el que la incline más vergonzosamente, dentro de un campeonato de obsecuencias bastante parejo según lo que se vio ayer.

Yo, el Supremo. Kirchner lo sabe y por eso se portó no como un primus inter pares sino como el todo frente a la nada. Por eso no le propuso a ningún dirigente mendocino compartir con su cabeza e ideas un proyecto nacional, sino a pedirle prestada una mano. Vino a Mendoza para prometer regalos a cambio de manos levantadas: eso y nada más que eso fue lo que dijo ayer. Y lo dijo convencido de que él es algo más que un presidente constitucional: “Yo no entiendo que haya diputados por Mendoza que me nieguen las manos... Yo no entiendo por qué lo hacen, porque les puedo asegurar que he dejado todo mi corazón por esta bendita tierra mendocina”, dijo con entera naturalidad. Lógica absolutista y antirrepublicana total: si no se vota como oficialista, uno pasa a ser calificado de marciano y enemigo del corazón puro del benemérito Supremo.

Premios y castigos. Ayer Cobos recibió su castigo por ser tibio frente a un hombre que no acepta sino adhesiones absolutas. Y los peronistas locales recibieron su pírrico premio por jurar y rejurar que adorarán a Kirchner con igual fervor como el que pusieron para adorar a Menem diez años atrás.

Frente a tantos oportunistas, los premios y castigos otorgados por Kirchner resultaron hasta adecuados si los vemos desde sus legítimas aspiraciones políticas. Lo inadecuado es que Kirchner sea el causante de tanta humillación, porque quien no le besa las manos se hace merecedor de su furia imperial.

Eso es lo que lo llevó a Cobos, en su momento, a especular con un pacto insinuado por Kirchner. Pero se olvidó de una cosa: que con este señor no se juega, porque a los tibios los vomita.

Los peronistas locales, en cambio, le han demostrado, luego de varios meses de fervorosa obsecuencia sin contrapartida presidencial, que ellos no son tibios y que están dispuestos a reparar los escasos guarismos electorales que le dieron a Kirchner en Mendoza cuando aún eran mitad menemistas y mitad gane quien ganare. Y ayer recibieron su premio: ya tienen a Kirchner enterito para ellos, lo que llevará a que Cobos quede desde ayer enterito para los radicales, después de su fallido romance extramatrimonial, para el que no demostró picardía suficiente.

Humillaciones. Si se lo ve como un acto institucional, lo de ayer fue una inmensa humillación para toda la dirigencia mendocina que concurrió, si acaso se la puede llamar tal. Pero la verdad es que no se trató de un hecho institucional, sino de algo enteramente político-electoral. Y desde ese punto de vista es aún anticipado imaginar a quién le fue mejor: si al gobernador humillado por la “intolerancia” peronista que ahora se pondrá como víctima de la misma o a los peronistas finalmente bendecidos con todas las letras por su hasta ayer esquivo presidente, que ahora gritarán al mundo tal bendición.

Pero al menos algo les debemos los mendocinos a Kirchner: acaba de eliminar en Mendoza esa esquizofrenia oportunista a la que llevó su exigencia de que todos le chupen las medias. Ahora los que simpaticen con Cobos sabrán a quien votar y los que simpaticen con Kirchner también lo sabrán. Y que gane uno u otro, el que desee la mayoría de los mendocinos.

Que cada sapo vuelva a su pozo para que Mendoza y los mendocinos no tengan que soportar nunca más estos actos cuyo inmenso oportunismo electoral nos lleva, inevitablemente, al avasallamiento institucional, dejando a Mendoza como una provincia arrodillada hacia el poder central como pocas veces en su historia lo estuvo.

La Nueva Justicia Independiente

El que Kirchner esté utilizando los bienes y recursos del Estado Nacional para sufragar gastos de la campaña política de su esposa no es un rumor: es un hecho comprobado.
Cristina de Kirchner ha estado utilizando recursos del Estado para realizar sus actos políticos, de los cuales el más emblemático es el avión presidencial –el otrora infame Tango 01. Nuevamente: esto no es un rumor, es un hecho.
Pero esto, según la justicia que ahora comanda Kirchner, no es un delito. La justificación del fiscal federal Gerardo Pollicita es que la utilización de los recursos estatales para actividades privadas está justificada porque "hace a la seguridad del jefe de Estado y su familia".

Las falacias del argumento

La argumentación del fiscal “independiente” Gerardo Pollicita es completamente falaz por varias razones:

• No hay elecciones presidenciales. El presidente deber gobernar, no hacer campaña. Los costos cubiertos por el Estado Nacional relacionados con gastos de campaña son una desviación de recursos que debe ser penada.
• Aún si el presidente estuviese en campaña abierta por su reelección, no puede utilizar los recursos del Estado para financiarla. Estos fondos deben ser provistos por su partido político o por su propio bolsillo. Obviamente debe utilizar el infame Tango 01, pero los costos de su utilización deben ser solventados por él o por su partido político.
• La esposa del presidente está utilizando los recursos del estado para hacer su campaña política por una banca provincial. Esta actividad es completamente innecesaria para el funcionamiento del Ejecutivo Nacional. No está dictado por las leyes que la esposa del presidente tenga que presentarse a elecciones. De ahí que no tiene derecho a utilizar los recursos del Estado para su beneficio personal.
• Aún si se supusiera –falsamente- que la esposa del presidente debe trasladarse continuamente en el avión presidencial, los costos asociados a su campaña electoral deberían ser solventados por su partido.

Defendiendo lo indefendible

Demás está decir que existe una ley de financiamiento de los partidos políticos que el presidente y su esposa quiebran impunemente todos los días. "Ni Kirchner ni su señora esposa han sustraído alguno de los bienes mencionados, sino que se han limitado a utilizarlos en virtud a los cargos que ocupan". ¿A qué cargos se refiere el fiscal? ¿Al cargo de jefe de campaña que cumple Kirchner? ¿Al cargo de candidata a senadora que aspira su esposa? El fiscal Pollicita defiende lo indefendible.
Esta es la “nueva justicia” que se suma a la nueva mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Kirchner puede actuar tranquilo.

Seguridad y Medidas Políticas

El reciente suceso en el estadio Malvinas Argentinas sirve para ilustrar la casi negligencia con la que se maneja la seguridad en la provincia de Mendoza y la brecha moral que separa a gran parte de los políticos del resto de los ciudadanos.
La negligencia en el manejo de la seguridad no viene reflejada por el accidente que involucrara al cabo Maldonado y al jugador de fútbol Azcurra. Quien haya visto las imágenes claramente puede notar que no se trata de un caso de ‘gatillo fácil’, y además puede ver que gran parte de la responsabilidad cae sobre los jugadores (al intervenir negligentemente en el accionar policial que intentaba reestablecer el orden y la seguridad). Esta tragedia sirve para resaltar dos hechos, al menos. Los errores de planeamiento de la estrategia de seguridad y el instinto de conservación de los políticos.

Errores estratégicos

Antes del incidente del Malvinas Argentinas, dos noticias daban cuenta de los problemas en las fuerzas de seguridad de la provincia. La primera fue la eliminación de un examen de ingreso a los institutos de seguridad. La razón de su supresión no fue que se implementó una nueva metodología de selección más severa y actualizada, sino que muchos postulantes no lograban pasar el examen. Ante esto, la natural reacción del funcionario encargado fue lo que es natural en el accionar diario de muchos funcionarios: nivelar hacia abajo. "Si muchos no pueden entrar, entonces saquemos el examen para que entren". No importa la capacidad que tengan. No importa si se esfuerzan. No importa si después tendrán... un arma en sus manos.
La segunda noticia fue la queja de los comisarios respecto de los nuevos egresados de los institutos de seguridad que llegaban a la fuerza. La razón, muy válida en las fuerzas de seguridad, era que los nuevos miembros mostraban indisciplina notable y falta de respeto por la cadena de mando. Aparentemente, los funcionarios decidieron relajar esa faceta. ¿habrá sido el temor a la reacción de los padres de los ‘alumnos’ si llegaban a exigir a los cadetes? Quizá no notaron que no se trataba de un jardín de infantes. Lógicamente, la respuesta a la crítica fue que no era uno de los objetivos de los institutos de seguridad que los egresados reconocieran la cadena de mando o que se comportaran disciplinadamente.
Por desgracia, son estos egresados los que comienzan a poblar las fuerzas de seguridad. Esperemos que el fútbol no se popularice mucho más.

Instinto de conservación

Cobos trazó una analogía entre el incidente del Malvinas Argentinas y el incendio de Cromañon, en cuanto a sus consecuencias políticas para los dirigentes políticos involucrados. Fue el temor a vivir en carne propia la mirada acusadora de la opinión pública lo que lo llevó a intervenir personalmente y buscar el rápido procesamiento del Cabo Maldonado. Con celeridad, debía hacerse justicia. Rápidamente el cabo fui imputado por intento de homicidio (nuevamente: alguien por favor observe las imágenes de lo ocurrido).
Ordenó el gobernador, además, implementar una insensata política de desarme de los efectivos. ¿Por alguna razón pensó el gobernador que los policías tomaron una secreta decision de salir a matar hinchas y jugadores de fútbol? Cuando luego extendió la medida y les quitó los bastones y los escudos para la organización de la seguridad de los festejos del 21 de septiembre, ¿algo le hecho pensar que la policía extenderías su –imaginaria- furia contra los adolescentes?

La propuesta

La rápida respuesta del caso invita a una propuesta. Una ley que obligue a los funcionarios a vivir en barrios con altos índices de criminalidad. De esa manera, al sentirse afectados en forma cercana –como lo sintió el gobernador- las acciones y procesamientos serán virtualmente sumarias, mejorando notablemente la seguridad de los barrios.
La idea tiene, sin embargo, un par de problemas. Para cuando esto suceda, los ya mencionados egresados de los institutos de seguridad habrán aumentado sustancialmente su número. Y probablemente tarden mucho en decidirse a responder a las órdenes de sus superiores y no lleguen a tiempo para evitar los crímenes ni a capturar los delincuentes. Además, llegarían si armas. Sin siquiera un palo.

Mendoza debe apoyar a sus jueces

La justicia electoral emitió en las últimas horas un fallo que puede considerarse como un fuerte golpe contra los deseos de la clase política mendocina de subordinar –mediante el control de sus salarios- al poder judicial. El fallo referido es claro y evita que el sector político taimadamente explote a su favor el mecanismo electoral y sus aparatos. El fallo evita que se incluyan en una boleta expresiones totalmente distintas, como son la elección de un legislador y la reforma de la Constitución provincial.

La aspiración de los políticos era utilizar el mismo método que utilizan para colocar a perfectos desconocidos en los puestos de poder: la lista sábana. El fallo evita que este perverso mecanismo sea utilizado para modificar arteramente la Constitución provincial.

Esta medida complica substancialmente las aspiraciones de los políticos, ya que se necesita que el 50% más uno de los inscriptos en el padrón –y no el 50% más uno de los votos- se manifieste a favor de la reforma.

¿Cuál es el trasfondo de la pelea?

A diario puede verse en las noticias que uno u otro gremio o sector está negociando con el gobierno un aumento de sus haberes. Esto le otorga al político de turno una nada despreciable cuota de poder adicional –no estipulada formalmente. Y es justamente la disponibilidad de este elemento de presión el que están buscando algunos políticos.

No se trata de cuánto impactan las actualizaciones salariales de los magistrados sobre el presupuesto provincial. Las mismas son, cuando menos, irrelevantes dentro del presupuesto total con el que cuenta el gobierno provincial –y, desde ya, el monto es mucho menor que aquel que la corporación política ha logrado para si misma.

No se trata de una cuestión de equidad o solidaridad –como desean los políticos hacer creer a la población- en la cual quiere hacerse aparecer a los magistrados como seres viles de inquina particular. Antes de hablar de solidaridad y justicia en las remuneraciones, deberían los políticos abandonar los incrementos de sus remuneraciones aprobados entre gallos y medianoche, deberían eliminar las manadas de asesores inútiles cobrando sueldos amorales, deberían retirarse ellos mismos por inútiles si no saben hacer nada sino cuenta con el ‘asesoramiento’ de los anteriores inútiles y por ende dejar esos espacios para personas que si tengan efectivamente la capacidad de trabajo de la que ellos carecen.

Se trata, en su sentido más profundo, de lograr un mayor control sobre las decisiones del poder judicial para que se ajusten y convaliden sus objetivos políticos. Se trata de lograr que todos los años –y si no, con más frecuencia- los magistrados tengan que “ir al pié” a negociar sus haberes. Se trata de restarles autonomía. Se trata de debilitar la institucionalidad y concentrar el poder.

Mendoza necesita de sus jueces y los jueces necesitan el apoyo de los mendocinos

El poder judicial, ciertamente, no es un reino inmaculado. Pero claramente no tiene en su seno niveles de corrupción tan profundos ni extendidos como los de la corporación política. No es la opinión general la de que un letrado llega a juez para comenzar a robar y hacer negociados. ¿Pueden los políticos decir lo mismo? Si la Historia ha dejado enseñanzas, una de ellas es que la concentración de poder sólo conlleva a la profundización de la miseria del pueblo. El equilibrio de poderes es imperioso. Preservar la institucionalidad es crucial. Mendoza necesita de sus jueces para frenar el cáncer de la corrupción –que tan profundamente ha llegado al tejido del poder político. Pero el verdadero poder está en la voluntad popular. Mendoza –los mendocinos- deben apoyar a sus jueces. No debemos permitir que se pierda este dique de contención. Demasiado mal le han hecho los políticos a la Nación. Es deber cívico de cada uno de nosotros que este nivel de alienación no inunde la provincia, y votar contra la reforma constitucional es un paso en este sentido.

Los mendocinos deben trazar una línea. Deben decir basta al avance de la corrupción política. De lo contrario, un domingo a la mañana leeremos en los diarios que más del 50% de las copas de leche y de los platos de comida en comedores comunitarios son entregados a familias afiliadas a los partidos políticos. De lo contrario leeremos que se destinaran $500 millones en lugar de cincuenta a un estadio techado en lugar de dirigirlos a combatir la desnutrición y mortalidad infantil.

Los mendocinos deben elegir: ¿Más poder a los políticos o más justicia? Mendoza debe evitar que los jueces entren en la nómina del poder político. Las elecciones de octubre son un momento ideal para hacer llegar este mensaje.

Caballo de Troya en proyecto de Defensa de la Competencia
El flamante proyecto oficial de modificación de la Ley de Defensa de la Competencia es un claro caso por el cual el Poder Ejecutivo intenta lograr la posibilidad de avanzar en el manejo de los activos privados de las empresas, bajo el amparo de un mecanismo creado para otros fines. El caso es ideal, puesto que la defensa de la competencia no sólo suele recibir el apoyo inmediato de la opinión pública sino que además, desde 1994, goza de fundamento constitucional .

Sin embargo, esta ley fue diseñada para fines claramente diferentes de los que aduce el gobierno en su proyecto. De aprobarse esta iniciativa oficial, la defensa de la competencia y el tribunal nacional que la protege quedarían haciendo el papel de un verdadero caballo de Troya, dentro del cual se esconderán los astutos guerreros oficiales que dicen defender algún superior plan económico nacional. Este será, por supuesto, instrumentado a través de la manipulación de la propiedad privada.

La Ley 25.156 contempla la creación de un tribunal autárquico e independiente, ya que sus integrantes deben ser designados mediante concurso público de antecedentes y oposición y gozan de estabilidad en sus cargos. Este tiene la última palabra en términos de autorizar, prohibir o condicionar las concentraciones o fusiones entre empresas privadas. Ejerce pues una autoridad que restringe ciertos actos del sector privado, en aras de defender la competencia en los mercados y, con ella, a consumidores y empresarios del país. Como la ley no impuso plazos, en los 6 años que lleva vigente (es de setiembre de 1999), todavía no se han materializado estos concursos, aunque hemos tenido en este lapso por lo menos 3 presidentes de la Nación. Todavía actúa en su lugar la comisión creada por la ley anterior, «provisoriamente».

El presidente de la Nación y su ministro de Economía proponen ahora al Congreso la creación de una nueva instancia superior al Tribunal, para los casos de fusiones en los que a) existan razones de interés general de la Nación y b.1) se produzcan en las áreas de servicios públicos, defensa, energía o minería, o b.2) la operación tenga un alto impacto en el empleo o la inversión. En estos casos, el Ministro podría apartarse de la decisión adoptada por el Tribunal, lo que debe entenderse que incluye las siguientes posibilidades: autorizar lo que el Tribunal hubiera prohibido, prohibir lo que éste hubiera autorizado, o bien modificar las condiciones a las que el Tribunal hubiera condicionado la fusión.

En primer término, debe notarse que las cuestiones que aduce el proyecto oficial como causales de apartamiento no son cuestiones que tengan relación alguna con la defensa de la competencia. Ni las cuatro áreas económicas mencionadas, ni el nivel de empleo o de inversión son cuestiones que de por sí afecten la libre competencia, ni el derecho constitucional de consumidores y empresarios a gozar de sus beneficios. Los servicios públicos están regulados por las leyes respectivas. Las industrias de defensa, energía y minería son actividades lícitas del sector privado y, en algunos casos, del sector público actuando como empresario. Como toda actividad, están sujetas a las regulaciones generales y particulares de cada caso. Los niveles de empleo e inversión, por último, pueden ser alentados oficialmente por mecanismos de política económica, como la estructura tributaria u otros.

• Implicancia

Por lo tanto, un apartamiento de lo decidido por el Tribunal como el propuesto podría implicar doblegar el derecho constitucional a la libre competencia en pos de alguno de estos otros fines, lo que quedaría a discreción del ministro. Por ejemplo, considérese el caso de una propuesta de fusión empresarial que prometiese aumentar la inversión o el empleo, pero a expensas de lesionar la competencia (está claro que para ningún empresario resultaría demasiado difícil imaginar ejemplos).

Según esta iniciativa, el Tribunal prohibiría esta propuesta de fusión pero podría terminar siendo legalmente aceptada por parte del ministro. Es decir, en la propia Ley de Defensa de la Competencia habría un fin superior al que la ley protege, y ese fin quedaría a discreción del ministro de Economía. En todo caso, la propuesta debería facultar el apartamiento sólo en los casos de fusiones autorizadas, con o sin condicionamientos, pero nunca en los casos de fusiones prohibidas.

Una iniciativa como ésta no tiene por qué incluirse en la Ley de Defensa de la Competencia. Si el gobierno quiere defender esos valores, debería proponerlos claramente en una ley aparte. Claro que semejante iniciativa, si fuera sincera, debería llevar por título algo así como: «Ley de Defensa del Interés Económico Nacional, la Inversión y el Empleo mediante la Modificación de Decisiones Empresarias del Sector Privado». Es evidente que el gobierno no quiere expresar esto con tanta claridad, aunque también lo es que su intención no difiere, en lo sustancial, de lo así expresado.

En segundo lugar, no es una buena práctica de gobernanza la de autorizar a un funcionario a apartarse de la previa decisión colegiada de un tribunal. De hecho, las instancias superiores de decisión suelen ser más colegiadas que las primeras, como ocurre en el Poder Judicial, por ejemplo. Sólo puede resultar aceptable este diseño institucional si las materias que entienden cada una de las instancias son diferentes. Pero en ese caso, las dos decisiones son independientes y volvemos a la necesidad de separar las cuestiones en leyes distintas.

En tercer término, si el gobierno no buscase meramente aumentar su discrecionalidad en materia de regulación de la actividad económica, su propuesta debiera haber sido la siguiente, en aras de la transparencia: 1°) materializar los concursos públicos para conformar el tribunal como corresponde y 2°) recién entonces, proponer la creación de la nueva instancia unipersonal y superior de decisión. En cambio, propone una reforma que incluye: la nueva instancia de decisión superior, la ratificación por ley de la actual conformación de facto del Tribunal, la introducción de dos nuevos integrantes sin concurso y la promesa, recién para la próxima renovación, de sustanciar sólo dos (de siete) concursos públicos en 2007 (serían los primeros en 8 años). Las razones que aduce el proyecto para este proceder son las archiconocidas razones de urgencia, ya que el camino correcto « demorará un tiempo prolongado.»

El Congreso tiene la posibilidad de poner las cosas en su lugar. Para ello, debe imponerle al Ejecutivo un plazo para la creación del tribunal y debatir, como un proyecto de ley aparte, si quiere conferirle al ministro la posibilidad de autorizar o prohibir fusiones por motivos estratégicos. Estos temas hacen a la esencia de los mecanismos institucionales y, aunque no luzcan así, son los que definen el verdadero nivel de inversión y empleo de largo plazo. Inadvertidamente, cada paso que demos en el sentido de esta iniciativa oficial nos aleja más de nuestro bienestar futuro.

Fuente: Ámbito Financiero

Corrupción en el uso de fondos públicos: Plan Jefas y jefes (firme aquí)

No está entre los requisitos escritos, pero ciertamente es uno de los requisitos importantes. Y es, en realidad, lo que está detrás de muchas 'peleas'.
El que maneja la caja decide a quién se le da y a quien no. Y el gobierno claramente distingue entre los que colaboran y los que no colaboran al momento de decidir si concede o no concede un subsidio.
De acuerdo a los datos oficiales (dejando aparte las suspicacias), alrededor de 1/3 de los hogares en la Argentina son pobres. También de acuerdo a datos oficiales, alrededor de 1/3 de la poblacion en condiciones de votar se encuentra afiliada a algún partido político (sí, difícil de creer). Considerando que, en promedio, en la Argentina un hogar tiene 3,6 personas deberíamos estar aceptando que (con algo de redondeo) cada jefe de familia está afiliado a un partido político. Esto obviamente no es así, pero por el momento supóngase que sí.
Si la afiliación a un partido político no dependiera de la condición de pobreza y los subsidios fueran entregado sin mirar la afiliación política, sólo un 33% de quienes reciben un plan deberían estar afiliados a un partido político. Sin embargo, la realidad muestra que un 52% de los que reciben los planes están 'afiliados' a un partido político. Esto significa que afiliarse a un partido político incrementa las posibilidades de recibir un plan social en un 57%. O, también visto de otra manera, no estar afiliado reduce la probabilidad de recibir un subsidio en 28%.
Así, las cosas son claras. Si uno quiere aumentar 57% sus chances de recibir un plan, tiene que afiliarse a un partido político: "-¿quiere un subsidio? Como no. Firme aquí..."
Un par de detalles más: casi uno de cada dos de esos afiliados son del PJ. Luego viene la UCR, con uno de cada 5. Si sólo se considera al PJ y la UCR se observa que el PJ 'ubica' a dos de los 'suyos' por cada uno de la UCR.
"... los muchachos no son ni buenos ni malos...", son corruptos

Corrupción en el uso de fondos públicos: hoy por Cristina, mañana por mí

La utilización del sitio de internet www.presidencia.gov.ar como una agencia de publicidad para la campaña de la esposa del presidente puede ser considerado por algunos como una 'picardía' menor (ver "Agencia de Publicidad 'Presidencia de la Nación'").
Pero, ¿puede decirse lo mismo ante una gruesa malversación de fondos públicos?
¿Puede decirse que es una picardía utilizar el avión presidencial, el infame Tango 01, y el helicóptero presidencial para la realización de los actos partidarios del 'Frente para la victoria'? No menos importante, es que también se movilizara al personal del Poder Ejecutivo Nacional para la 'logística de los actos'.
Desde luego, esto no sorprende. Ya que si la mujer del Presidente utiliza el avión presidencial para ir a presenciar la ruptura del glaciar Perito Moreno -entre otras cosas- ¿a quién puede extrañar que utilice muchos más recursos del Estado Nacional para un fin mucho más serio como es su campaña política?
Estos son algunos ejemplos de la corrupción que impregna al actual gobierno y de la impunidad con la que se mueve.

Política

Agencia de Noticias "Presidencia de la Nación"

Si alguien quiere visitar la página www.presidencia.gov.ar y hace click en fotografías va a poder encontrar –entre otras tantas- esta pequeña colección de afiches de campaña. Pequeña pero no menos triste y lamentable. Naturalmente, no se puede esperar que esta gente entienda el conflicto institucional que entrañan estas fotos en ese ámbito. Seguramente no ven ni remotamente un conflicto moral. Ni siquiera un conflicto de intereses. ¿O quizá crean que están reflejando legítimos ‘actos de gobierno’?
No es que me sorprendan estas fotos en ese lugar (ya todos saben que Kirchner es un nepotista –por decir lo menos). No. Pero me pregunto en qué se convertirá el sitio www.presidencia.gov.ar cuando Kirchner comience a dedicar sus días a buscar la reelección.
Cierto, estas fotos pueden considerarse una picardía menor. ¿Puede decirse lo mismo cuándo ya hay una clara malversación (ver: Corrupción en el uso de fondos públicos: hoy por Cristina, mañana por mí)