Mendoza debe apoyar a sus jueces

La justicia electoral emitió en las últimas horas un fallo que puede considerarse como un fuerte golpe contra los deseos de la clase política mendocina de subordinar –mediante el control de sus salarios- al poder judicial. El fallo referido es claro y evita que el sector político taimadamente explote a su favor el mecanismo electoral y sus aparatos. El fallo evita que se incluyan en una boleta expresiones totalmente distintas, como son la elección de un legislador y la reforma de la Constitución provincial.

La aspiración de los políticos era utilizar el mismo método que utilizan para colocar a perfectos desconocidos en los puestos de poder: la lista sábana. El fallo evita que este perverso mecanismo sea utilizado para modificar arteramente la Constitución provincial.

Esta medida complica substancialmente las aspiraciones de los políticos, ya que se necesita que el 50% más uno de los inscriptos en el padrón –y no el 50% más uno de los votos- se manifieste a favor de la reforma.

¿Cuál es el trasfondo de la pelea?

A diario puede verse en las noticias que uno u otro gremio o sector está negociando con el gobierno un aumento de sus haberes. Esto le otorga al político de turno una nada despreciable cuota de poder adicional –no estipulada formalmente. Y es justamente la disponibilidad de este elemento de presión el que están buscando algunos políticos.

No se trata de cuánto impactan las actualizaciones salariales de los magistrados sobre el presupuesto provincial. Las mismas son, cuando menos, irrelevantes dentro del presupuesto total con el que cuenta el gobierno provincial –y, desde ya, el monto es mucho menor que aquel que la corporación política ha logrado para si misma.

No se trata de una cuestión de equidad o solidaridad –como desean los políticos hacer creer a la población- en la cual quiere hacerse aparecer a los magistrados como seres viles de inquina particular. Antes de hablar de solidaridad y justicia en las remuneraciones, deberían los políticos abandonar los incrementos de sus remuneraciones aprobados entre gallos y medianoche, deberían eliminar las manadas de asesores inútiles cobrando sueldos amorales, deberían retirarse ellos mismos por inútiles si no saben hacer nada sino cuenta con el ‘asesoramiento’ de los anteriores inútiles y por ende dejar esos espacios para personas que si tengan efectivamente la capacidad de trabajo de la que ellos carecen.

Se trata, en su sentido más profundo, de lograr un mayor control sobre las decisiones del poder judicial para que se ajusten y convaliden sus objetivos políticos. Se trata de lograr que todos los años –y si no, con más frecuencia- los magistrados tengan que “ir al pié” a negociar sus haberes. Se trata de restarles autonomía. Se trata de debilitar la institucionalidad y concentrar el poder.

Mendoza necesita de sus jueces y los jueces necesitan el apoyo de los mendocinos

El poder judicial, ciertamente, no es un reino inmaculado. Pero claramente no tiene en su seno niveles de corrupción tan profundos ni extendidos como los de la corporación política. No es la opinión general la de que un letrado llega a juez para comenzar a robar y hacer negociados. ¿Pueden los políticos decir lo mismo? Si la Historia ha dejado enseñanzas, una de ellas es que la concentración de poder sólo conlleva a la profundización de la miseria del pueblo. El equilibrio de poderes es imperioso. Preservar la institucionalidad es crucial. Mendoza necesita de sus jueces para frenar el cáncer de la corrupción –que tan profundamente ha llegado al tejido del poder político. Pero el verdadero poder está en la voluntad popular. Mendoza –los mendocinos- deben apoyar a sus jueces. No debemos permitir que se pierda este dique de contención. Demasiado mal le han hecho los políticos a la Nación. Es deber cívico de cada uno de nosotros que este nivel de alienación no inunde la provincia, y votar contra la reforma constitucional es un paso en este sentido.

Los mendocinos deben trazar una línea. Deben decir basta al avance de la corrupción política. De lo contrario, un domingo a la mañana leeremos en los diarios que más del 50% de las copas de leche y de los platos de comida en comedores comunitarios son entregados a familias afiliadas a los partidos políticos. De lo contrario leeremos que se destinaran $500 millones en lugar de cincuenta a un estadio techado en lugar de dirigirlos a combatir la desnutrición y mortalidad infantil.

Los mendocinos deben elegir: ¿Más poder a los políticos o más justicia? Mendoza debe evitar que los jueces entren en la nómina del poder político. Las elecciones de octubre son un momento ideal para hacer llegar este mensaje.